1.- Reforzar
en lo necesario el Ministerio de Justicia nombrando nuevos jueces y creando
nuevos juzgados para lograr que a diferencia de lo que sucede ahora la justicia
sea inmediata (unas pocas semanas para tener listo un juicio) como sucede en
los países que funcionan (Suiza, Austria, Suecia, etc..). Aportar recursos a la
Justicia, no es gastar, es invertir, pues a una mejor justicia, mejor será el
marco de seguridad jurídica, el tráfico social y económico, la confianza de los
inversores, en definitiva la prosperidad. Los políticos son culpables del
desabastecimiento de medios materiales y humanos de soporte a la labor judicial,
ávidos de pescar en esas aguas revueltas, tanto para librarse de sus
imputaciones por corrupción, como para desviar su responsabilidad cargando en
las espaldas de los jueces la responsabilidad por una Justicia deficiente que
los jueces no pueden arreglar por sí solos. La justicia que se dilata en el
tiempo es injusticia. (Seguir leyendo)
2.- Absoluta independencia del poder judicial. Debe haber una separación clara de los 3
poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. El poder legislativo
debe crear las leyes en base a las necesidades del pueblo y las circunstancias
del tiempo. El poder ejecutivo debe procurar que las leyes se cumplan. Por
último, el poder judicial se encarga de administrar la justicia y por
definición ésta debe ser imparcial para todos incluyendo a los políticos y funcionarios.
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3.- En
las elecciones al próximo CGPJ, realizar previamente unas primarias entre todos
los Jueces, para que presentándose listas abiertas, sólo se elija para
representar a los Jueces en su Órgano de Gobierno, los 12 más votados,
evitándose que, como en el pasado, la posterior intervención de Órganos
políticos seleccione a los más politizados.
4.-
Exigir que el Tribunal Constitucional acabe siendo una sala más del Tribunal
Supremo, la sala 6ª, conformada mayoritariamente por Jueces, aun con entrada de
juristas de prestigio de otros colectivos profesionales por el quinto turno, y
con la misión constitucionalmente señalada en la Carta Magna, evitando que sea
una tercera instancia, como es actualmente, que se dedicaría a resolver la
impugnación de leyes, cuestiones de constitucionalidad y conflictos de
competencias, para que el resto de salas del TS fueran el máximo intérprete de
la CE en las cuestiones relativas a los derechos fundamentales de cada
jurisdicción, con posibilidad de recurso para unificación de doctrina si entre
ellas se produjeren divergencias señalables en la interpretación de idénticos
preceptos de la Constitución.
5.-
Elección de Altos cargos judiciales (Presidencias de TS; TSJ; AP) de manera directa
por los propios Jueces afectados del mismo territorio, como ocurre para los
Jueces Decanos.
6.-
Desarrollar, desgajándola de la gubernativa –que quedaría para funciones de
orden público-, una auténtica Policía judicial, para las investigaciones procesales
del Juez instructor, y en cualquier caso, y prioritariamente para las
investigaciones que afecten a políticos imputados.
7.-
Eximir del reparto de nuevos asuntos a todo Juez que alcance unos determinados
módulos de entrada, objetivos y razonables (se puede ponderar el trabajo medio
de entrada a Jueces del resto de Europa) y aquellos que hayan heredado un
Juzgado con exceso de causas antiguas con peligro de prescribir, para realizar
un Plan de refuerzo para acabarlas y según necesidades, para los Órganos
judiciales con un módulo de Ejecutorias por terminar que se estime excesivo.
8.-
Instauración y desarrollo de los Laboratorios Periciales forenses judiciales,
sin desaparición de los laboratorios de Criminalística forense policiales,
donde además de realizarse pericias dirimentes y a petición judicial, se
desarrollen los análisis de la información ocupada en el curso de
investigaciones que los Jueces soliciten, especialmente las que afecten a
políticos.
9.-
Implantación del domicilio /buzón cibernético oficial, ligado al DNI y NIE
electrónicos, con acceso exclusivo del interesado mediante clave y con efectos
para el cómputo de plazos legales y comunicaciones judiciales.
10.-
Escanear cada documento que
entre al juzgado, con ello se tendrían los documentos archivados por fecha,
accesibles desde cualquier lugar conectado a internet para ser consultado tanto
por el Juez o Magistrado, Secretario judicial, Procuradores, Abogados,
Organismos Oficiales así como por las partes interesadas del procedimiento.
Esto ahorraría tiempo a la hora de revisar los expedientes, y a los asuntos estarían
más claros evitando errores. Sería mil veces más fácil y rápido localizar un
documento (usando el buscador), que ir revisando a mano folio por folio el
expediente. Por otro lado se evitarían pérdidas de documentos que en muchas
ocasiones obligan a tener que empezar desde cero. De acuerdo con el SCM
(Standard Cost Model), con cada aumento del 5% en el uso de la Administración
electrónica en las administraciones públicas se ahorran 200 millones de euros.
11.-
Creación de Centros de rehabilitación de delincuentes Primarios donde
desarrollar los cursos y trabajos de rehabilitación y resocialización de los
delincuentes primarios que opten por la suspensión de sus condenas menores, de
cara a enfrentarles con las consecuencias reales de su actuación delictiva en
el periodo de suspensión de condenas.
